Después del nuevo amotinamiento de centenares de «indignados» en Lavapiés el pasado martes para evitar la detención de un senegalés que traficaba con droga, la plaza donde acontecieron los hechos contaba ayer con el doble de presencia policial, incluso había apostado un furgón de la Unidad de Intervención Policial (UIP). La repulsa de los inmigrantes que pululaban por la plaza era patente y el agrado de los vecinos también. «No hay derecho a que nos acosen constantemente», decía un cubano reunido con sus compatriotas. «No es de recibo que intenten evitar que se lleven a un traficante. A ver si fuera su hermano el que les compra la droga lo que hacían», protestaba Goyi, una octogenaria afincada en el barrio desde su nacimiento.

El suma y sigue de las actuaciones ilegales de los «indignados» sin que nadie lo evite hace que a bien pocos les salgan las cuentas a la hora de confirmar que España se rige como Estado de Derecho. La rebelión del 15-M en Lavapiés el martes, en este caso contra la Policía Municipal, ha tensado al máximo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y miran de frente a los responsables: la delegada de Gobierno, Dolores Carrión, y a Interior, tanto al ministro saliente, Rubalcaba, como al entrante, Antonio Camacho, en quien depositan más confianza.

Desde el sindicato de la Unión Federal de Policía (UFP) consideran que al movimiento «se le ha dado mucha cobertura y cancha y piensan que ya están por encima del bien y el mal. No hay órdenes de la delegada ni del ministro de Interior y perjudican seriamente la labor policial. En breve va a haber que lamentar algo más grave por no cumplir la Ley de Seguridad Ciudadana para estas concentraciones ilegales».